El Ayuntamiento de Castellón incluye las cláusulas sociales en las contrataciones públicas

El Mundo. 18.05.2012

El Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha afirmado que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado hoy la inclusión de 'cláusulas sociales' en las contrataciones públicas del consistorio de la capital de La Plana "fomentando, de esta forma, la inserción laboral de las personas ya que para el equipo de gobierno, las personas son lo primero y el fomento del empleo, a pesar de no tener competencias, es una de nuestras prioridades fundamentales".

Esta iniciativa a la que este viernes se ha dado el visto bueno "va encaminada a reforzar las políticas de Responsabilidad Social que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro Ayuntamiento y suponen un paso decisivo para lograr una administración más comprometida y concienciada en este tema", ha reiterado el primer edil. "El equipo de gobierno centra sus esfuerzos en las políticas sociales y la promoción del empleo. Y la adopción de estas nuevas medidas, convierten a Castellón en un territorio socialmente responsable", ha insistido Bataller.

El Gobierno de Navarra adjudica contratos reservados por importe de 39.323 euros a cuatro empresas de empleo protegido

19 de abril de 2012

El Gobierno de Navarra destinará 39.323 euros a la contratación mediante reserva de mercado de cuatro lotes de servicios de jardinería a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

Las empresas adjudicatarias y el importe de la adjudicación son: Aspace (10.423 euros), Tasubinsa (10.845 euros), Elkarkide (8.035 euros) y Josenea Asociación Laboral (10.020 euros).

En noviembre del 2011, se constituyó la Comisión de Apoyo al Empleo Protegido del Gobierno de Navarra con el fin de velar porque se cumpla el mandato legal contenido en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, que obliga a las administraciones públicas de Navarra a reservar el 6% de los contratos a los centros especiales de empleo (CEE), empresas que emplean a personas con dispacidad, y a los centros de inserción sociolaboral (CIS), que ofrecen formación y empleo para integrar en el mercado de trabajo a personas en riesgo de exclusión.

Antes, la norma se limitaba a recomendarlo pero no exigía ningún porcentaje de contratación concreto. La nueva redacción, sin embargo, exige a las administraciones públicas la creación de un sistema que permita asegurar el cumplimiento de la ley, facilitando así a los CEE y a los CIS que tengan trabajo suficiente en estos tiempos de crisis.

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprueba por unanimidad una moción a favor de las cláusulas sociales

30 de Abril de 2012

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una moción a favor de incluir en los pliegos de condiciones de cláusulas sociales y un "umbral mínimo de calidad" en la contratación pública, fundamentalmente en el Servicio Cántabro de Salud.

El PRC ha presentado esta moción a raíz de la concesión del Servicio de Transporte de Ambulancia a Ambuiberica frente a la otra competidora, Amberna.

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El Consejo Económico y Social de Andalucía recomienda incluir cláusulas sociales en la contratación publica

El Consejo Económico y Social de Andalucía de Andalucía (CES-A) aprobó el dictamen sobre el proyecto de Decreto que establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Junta de Andalucía, aunque incorporó algunas propuestas para "agilizar y avanzar en la mejora de la gestión y transparencia en la contratación administrativa", como la inclusión en el texto de las denominadas "cláusulas sociales" en la contratación pública, así como el fomento de las inscripciones administrativas voluntarias en el Registro de Licitadores.

En lo referente a las cláusulas sociales, el Consejo entiende que la preferencia en la adjudicación de los contratos a aquellas proposiciones que, además de cumplir los fines de eficiencia y eficacia de la gestión, incluyan objetivos sociales capaces de ayudar al incremento del beneficio de la colectividad "no atenta contra los principios de la contratación, sino que encuentra su sentido en las numerosas ventajas que ésta proporciona a las personas y colectivos desfavorecidos, a las empresas con un carácter social, a la sociedad y a la propia Administración, teniendo en cuenta el ahorro que para ella supone la activación de estas políticas activas de empleo".

La Universidad del País Vasco UPV/EHU aprueba una Circular para incorporar criterios sociales, éticos y medioambientales en sus contrataciones

El rector de la UPV/EHU ha aprobado una circular para la inclusión de criterios sociales, éticos y medioambientales en las contrataciones de la universidad que ha sido elaborada con el apoyo técnico de REAS Euskadi - Red de Economía Alternativa y Solidaria y Gizatea - Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco

Esta circular recoge a lo largo de su articulado diferentes cláusulas que posibilitan una contratación responsable por parte de la universidad. En ella se otorga un trato favorable a empresas de inserción y centros especiales de empleo, a través de los contratos reservados.

Además, el artículo 14 de la circular posibilita que se recojan condiciones especiales de ejecución de tipo social y ético, con el fin de promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre géneros, garantizar el respeto de los derechos laborales a lo largo de toda la cadena de producción o impulsar el comercio justo.

Navarra reservará en 2012 el 3,2% de los contratos públicos a CEEs y Empresas de Inserción

El Gobierno de Navarra se ha comprometido a reservar para el año 2012 el 3,2% del total de los contratos públicos para ser adjudicados a Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro (CEE) y a los Centros de Inserción Sociolaboral (CIS). Supondría un importe total de 3,86 millones de euros.

Estos datos están contenidos del Informe realizado por la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Navarra (ACEMNA) para presentar un informe sobre el cumplimiento de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, cuyo artículo 9 establece la obligación de las adminitraciones públicas de Navarra de reservar el 6% del importe de los contratos públicos a entidades de carácter social.

En realidad y pese a tratarse de una obligación legal: "El grado de cumplimiento es muy bajo, no obstante algunas unidades del departamento del Gobierno así como ciertas entidades locales (Artajona) han alcanzado el objetivo".

En 2010 la Administración foral ejecutó una reserva a entidades sociales sin ánimo de lucro por 429.592 euros, cuando la obligación debiera suponer una reserva de 20,4 millones. En consecuencia la Administración local tuvo un porcentaje de cumplimiento del 0,52% frente al 6% establecido.

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