Fuente: IDEAS. 20 Enero 2012

El pasado 15 de diciembre de 2011 fueron publicadas las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, sobre el asunto C-368/10 por la demanda de la Comisión Europea (CE) contra los Países Bajos por no haber ajustado, según la CE, uno de sus procesos de contratación pública a los principios y normas de los Tratados Constitutivos de la UE y la Directiva 2004/18/CE.

Según la acusación realizada por la CE se habría exigido en los pliegos de condiciones para la contratación de un servicio de máquinas expendedoras de bebidas calientes y productos sólidos la presentación obligatoria de productos con las etiquetas "EKO" y "Max Havelaar" referidas al cumplimiento de estándares de Agricultura Ecológica y Comercio Justo, vulnerando con ello el principio de "no discriminación" promulgado en los tratados constitutivos de la UE.

Sobre este asunto, y en concreto, sobre la posibilidad de incorporar exigencias de tipo social en los procesos de contratación pública, Juliane Kokott afirma que la posibilidad de considerar criterios sociales en la fase de adjudicación "nada se opone a que un poder adjudicador, al determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, tenga en cuenta también puntos de vista ecológicos y sociales" explicando que exigir criterios de Comercio Justo tiene una relación directa con el objeto del contrato al ser éstos condiciones especiales de ejecución, siendo a la vez importante "saber si los artículos fueron comprados en condiciones justas o no [...] aunque el sabor del azúcar, en sentido estricto, no es diferente en función de si ha sido adquirido de forma justa o injusta, un producto que ha llegado al mercado en condiciones injustas deja un regusto más amargo en el paladar de los clientes conscientes de la responsabilidad social".

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El Mundo. 03.02.2012. José A. Cano.

Los parados del barrio de La Paz de Granada exigen ser contratados y amenazan con paralizar una obra municipal. El Ayuntamiento había iniciado unas obras pero la empresa concesionaria se vio obligada a detener los trabajos pues los vecinos reclaman que se contrate a parados del barrio.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, Juan Heredia, explica que en el barrio "se entendía que había un acuerdo verbal con el Ayuntamiento y la empresa de que se iba a contratar al menos a la mitad de la gente que hiciese falta entre los parados del barrio".

Pero, ¿se le puede imponer a una empresa a quién debe contratar? Lo cierto es que sí, al menos en parte. La concejal Jemi Sánchez, intervino en el debate para recordar al Ayuntamiento, en declaraciones a la prensa, que en Sevilla, Barcelona o Córdoba se han incluido "clausulas sociales" para que se contraten un 25 ó 30 por ciento de parados de la zona o pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión.

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El Periódico de Aragón. 23.01.2012.

El Ayuntamiento de Zaragoza estudia introducir en los pliegos reservas de empleo social, que podrían oscilar entre el 5% y el 10% de los puestos exigido. Es un momento crucial ya que salen a concurso tres grandes contratos, globalmente cerca de 300 millones de euros.

Ya hay ejemplos de estas políticas. Actualmente, la empresa de inserción laboral Umbela realiza la limpieza de los parques de la Margen Izquierda. Y Consolida Oliver, una empresa puente de inserción laboral para jóvenes con dificultades para el acceso al mercado de trabajo, lleva a cabo el mantenimiento del parque Oliver, aunque subcontratada por FCC.

El Gobierno de Zaragoza tiene previsto sacar a concurso los nuevos contratos de la conservación de los parques públicos y las zonas verdes de la ciudad y sigue reservando el sector II a los centros especiales de empleo, por lo que como requisito para acceder a la adjudicación se especifica que al menos el 70% de los trabajadores deben ser personas con discapacidad.

El objetivo es reproducir este modelo, por lo que, en principio, se baraja una horquilla que podría oscilar entre el 5% y el 10%, dependiendo de la concesión.

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Diario Vasco. 07.01.2012.

Con el objetivo de facilitar el acceso a un puesto de trabajo a quienes más lo necesitan, el Consistorio de Galdakao estudiará la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación municipal. La iniciativa, propiciada por una moción del Partido Popular, ha sido respaldada por el pleno del Ayuntamiento. En opinión de los populares, «es obligación de nuestra Corporación fomentar, desde la toma de decisiones responsables y comprometidas, la lucha contra la exclusión social». Y es que, pese a las dificultades de la mayoría de la población para encontrar un empleo, hay colectivos que lo tienen si cabe más difícil.

El documento insta al equipo de gobierno a que, «conforme a la ley, otorguen prioridad a aquellas empresas que contraten trabajadores en situación de exclusión, parados de larga duración, discapacitados, mujeres con problemáticas específicas y aquellas personas que tienen especiales dificultades para encontrar trabajo». A juicio del portavoz popular, David Pasarin-Gegunde, «muchos ayuntamientos e instituciones públicas ya han incorporado este tipo de propuestas dando un carácter más social a sus procesos de contratación y primando el compromiso de las empresas en este ámbito».

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El Parlament de Catalunya aprueba una moción sobre políticas de empleo y discapacidad. En dicha moción insta al Gobierno de la Generalitat a:

5. Continuar incorporando cláusulas sociales en la contratación pública de la administración del Gobierno de la Generalitat que permitan una discriminación positiva en la compra de servicios y productos que produce el Tercer Sector y de manera especial los CEE de iniciativa social.

6. Establecer un sistema de seguimiento que permita conocer los contratos realizados a partir de las cláusulas sociales y de manera especiales los contratos reservados a los CEE.

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