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Contratación Pública Sostenible |
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La Compra Pública Sostenible consiste en la integración de aspectos sociales, éticos y ambientales en los procesos y fases de la contratación pública. Su contenido aúna diferentes concepciones de la contratación pública responsable como son la compra ética, la compra verde y la compra social, puesto que recoge sus características, fundamentos y objetivos.
COMPRA VERDE
+ COMPRA ÉTICA
+ COMPRA SOCIAL
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE
La compra ética representa la exigencia con las empresas y productores que cumplen unos estándares establecidos en las convenciones internacionales sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores o lucha contra el trabajo infantil.
La compra verde o ecológica se basa en la incorporación de requerimientos medioambientales en los contratos de suministro, obras y servicios como la eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, el empleo de energías renovables, la minimización de emisiones, la adecuada gestión de residuos, etcétera.
La compra social considera aspectos como la calidad en el empleo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad o la subcontratación con empresas de inserción o centros especiales de empleo.
Las decisiones de compra sostenibles consisten no sólo en contratar el producto o servicio requerido para una utilidad concreta sino que han de tener en cuenta otros aspectos relacionados con el método y las condiciones de producción, los materiales que los componen, las condiciones laborales de las personas trabajadoras o las consecuencias directas e indirectas que su producción o prestación suponen a corto y a largo plazo.
El enfoque consiste en conjugar la salvaguarda de principios como la libre concurrencia, con otros de carácter ético y solidario en los procesos de licitación. Aunar unos y otros, lejos de resultar incompatible es racional, sinérgico e incluso rentable económicamente. Imaginemos como ejemplo que los contratos públicos exijan o valoren la eficiencia energética, la contratación de personas con discapacidad, la estabilidad laboral o la perspectiva de género.
Al practicar la compra sostenible, las administraciones públicas aportan un valor añadido a sus procesos de contratación, gestionando de manera eficiente su presupuesto de modo que, al tiempo que satisfacen una necesidad, contribuyen a objetivos más amplios de sus políticas.
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