No entendemos la Responsabilidad Social como un concepto sólo aplicable a las empresas, sino que la sostenibilidad debe asentarse sobre la multiplicidad de actores y actrices que debemos actuar responsablemente: ciudadanos y ciudadanas, Administraciones Públicas, organizaciones, universidades, agentes sociales y las propias empresas.
El concepto clave es la corresponsabilidad, y conforme a nuestra visión debemos establecer sinergias entre todas las partes, acercándonos a la idea del Territorio Socialmente Responsable.
No somos espectadores acríticos, sino que la sociedad podemos producir significativos cambios actuando como consumidores. Baste citar que según el Informe Fonética 2006, nueve de cada diez consumidores dejarían de comprar a compañías socialmente reprochables y que un 61 por ciento es proclive a adquirir productos responsables.
El segundo desafío lo encontramos en un verdadero despliegue de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Necesitamos empresas que no limiten su finalidad al lucro, sino involucradas en las condiciones laborales, el medioambiente, la igualdad de oportunidades, la erradicación de la pobreza o el desarrollo local. Está demostrado que las empresas responsables mejoran su reputación e imagen de marca, fidelizan y acceden a nuevos clientes e inversores, retienen y captan el talento profesional, e incrementan la productividad debido a la satisfacción de sus trabajadores. En consecuencia es lógico que las empresas actúen responsablemente en su política laboral, en la exigencia de estándares de derechos humanos a sus proveedores, y que contraten o subcontraten productos y servicios con empresas de inserción y solidarias o de comercio justo.
Y las Administraciones Públicas constituyen el contratante con mayor influencia sobre el mercado y el entorno. Considerando esta importancia y las exitosas experiencias, resulta obvia la utilización de la contratación pública con criterios sostenibles, como así lo ha recogido la normativa pública de contratos, o el Congreso de los Diputados: "La compra y contratación públicas deben ser claras herramientas para impulsar la RSE, enviando señales al mercado de que serán reconocidas y premiadas las empresas que brindan sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social".
Por ello proponemos desarrollar estrategias integrales de Responsabilidad Social, fomentado entre otras actuaciones la compra sostenible en la cadena de contratación: ciudadanos sensibilizados que premian o ignoran a las empresas según su comportamiento, Administraciones Públicas que consideran el beneficio social en la adjudicación de sus contratos, y empresas implicadas en las prioridades sociales de los grupos de interés con los que interactúan. Si hace veinte años así se expandió la cultura de la calidad es el momento de desarrollar la calidad social y ambiental. |
